ACIPA lleva al pleno de septiembre una proposición para suscribir convenios con la Comunidad de Madrid que financien la mejora de la red de alcantarillado, lastrada por décadas de falta de inversión y episodios de inundaciones.
La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (ACIPA) ha presentado una proposición para el pleno de septiembre de 2026 en la que pide que el Ayuntamiento suscriba convenios con la Comunidad de Madrid para mejorar la red de saneamiento y drenaje de la ciudad. El texto denuncia que la red colectora arrastra problemas de capacidad desde hace décadas y que no se ha acometido ninguna solución estructural.
La formación recuerda que ya en 2017, tras una tromba de agua que desbordó colectores y agrietó el pavimento en la parte baja de la calle Postas, advirtió de que la situación era peor que en 1990. Entre los factores que citan están el abandono de la gestión de la presa del Mar de Ontígola por parte de Patrimonio del Estado, la impermeabilización de suelos en la llanura de inundación del arroyo y la urbanización de la parte final de la cuenca del Ontígola, ahora ocupada por el polígono industrial Gonzalo Chacón.
El escrito señala que la red tiene secciones escasas, mala distribución de imbornales y presencia de arbolado cuyas raíces ocluyen o desvían las conducciones. A esto se suman las escorrentías procedentes de los cerros del sur, con fuertes desniveles entre zonas como Sóforas, Artes o la parte alta de Foso y áreas más bajas como la Mariblanca o la avenida de Palacio, lo que provoca que el agua salga a superficie en lugar de drenarse.
La falta de recursos propios ha lastrado la puesta en marcha de proyectos de regeneración estructural de nuestra red, ya sea para paliar problemas propios o los generados por escorrentías
ACIPA recuerda que hace unos 20 años, cuando existía la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda SAVIA, se adjudicó en abril de 2007 a Train Estudios y Proyectos la redacción del Proyecto de Directrices de Ordenación de los Servicios de Saneamiento y Recogida de Aguas Pluviales, con un coste de 110.000 euros y un plazo de dos meses. En 2012 se encargó una segunda fase para esbozar las actuaciones y sus fases de desarrollo, pero la crisis económica impidió ejecutarlas.
El documento también apunta a la estación de bombeo número 1, situada en el antiguo Cuartel de Guardias Españolas, un inmueble incluido en la Lista Roja de Patrimonio, como otro punto crítico de la red. La proposición se debatirá en el pleno municipal de septiembre de 2026.
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