El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha dado diez días a la Comunidad de Madrid para que actúe tras los nuevos daños estructurales en la calle Nazario Calonge. El alcalde, Javier Corpa, denuncia que la región elude su responsabilidad.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha dado un ultimátum a la Comunidad de Madrid: en un plazo de diez días debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las familias que han tenido que abandonar sus casas en la calle Nazario Calonge, tras la aparición de nuevos daños estructurales. La orden de ejecución, dictada por el área de Urbanismo del Consistorio, exige a la administración regional que asuma sus competencias en una zona afectada desde hace años por la Línea 7B de Metro.
El Gobierno regional atribuye los daños a la rotura de una tubería en uno de los inmuebles, pero los antecedentes técnicos y administrativos apuntan en otra dirección. Según el Ayuntamiento, la zona ha sido objeto de actuaciones continuadas derivadas de la infraestructura: la Comunidad ya ha demolido edificios del complejo dotacional 'El Pilar', situado a escasos metros, ha reparado inmuebles aledaños y mantiene abiertos expedientes de responsabilidad patrimonial. Los servicios técnicos municipales concluyen que estos daños guardan relación directa con las afecciones de Metro.
Mientras tanto, el Consistorio ha actuado con urgencia para que las familias no quedaran desatendidas. Se ha facilitado su realojo y se continúa prestando apoyo social y técnico a los afectados. El alcalde, Javier Corpa, ha sido tajante: “No vamos a permitir que quienes llevan años sufriendo las consecuencias de la Línea 7B sean abandonados por la administración responsable y competente. Nuestra prioridad son las familias, su seguridad y la defensa de sus derechos”.
Corpa ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá utilizando “todos los instrumentos legales e institucionales” para exigir una solución definitiva. En ese sentido, ha lamentado que en el pleno extraordinario y urgente del pasado 30 de julio no se alcanzara la unanimidad de la Corporación: el Grupo Municipal Popular no apoyó la declaración institucional que reclamaba a la Comunidad que asumiera sus responsabilidades.
El Gobierno municipal denuncia la “situación de extrema gravedad” que padecen las familias de Nazario Calonge y recuerda que esta problemática ha provocado durante años daños en viviendas, demoliciones de edificios, afecciones al patrimonio municipal y un grave impacto social. Por eso, reclama una respuesta “inmediata, coordinada y definitiva” por parte de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como la actual.
La pelota está ahora en el tejado de la administración regional, que tiene diez días para presentar las actuaciones que garantice la seguridad de las personas. Mientras tanto, los vecinos de San Fernando de Henares permanecen a la espera de que la promesa de solución se convierta en hechos.
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